20 de mayo, 2016

Lenguaje legal. Pobres ciudadanos

Real Decreto 1021/2015

BOE de 17 de noviembre de 2015, pág. 107914

“Por institución financiera obligada a comunicar información, se entiende toda institución financiera que no sea una institución financiera no obligada a comunicar información”.

Pues ahí queda eso.

¿Se ha parado a pensar el autor de ese texto qué escribía y a quién se dirigía? Desde luego que no. Esa necedad del lenguaje distancia aún más, si cabe, a la norma de su destinatario: el ciudadano. El lenguaje jurídico es el instrumento de comunicación del que se sirven legisladores y Administración para ordenar la pacífica convivencia de los ciudadanos, y también el que utilizan jueces y Tribunales a través de sus sentencias para impartir justicia. Y si el ciudadano no entiende ni la norma ni la sentencia está  fracasando el Estado de Derecho. Cuando el autor de un texto normativo redacta con confusión y rebuscamiento, casi como si estuviera traduciendo una norma extranjera, falta al respeto al ciudadano.

¿Y qué decir de esos meandros jurídicos por los que discurren algunas sentencias? ¿Piensan sus redactores en que van destinadas a un ciudadano que ha pedido justicia y que tiene todo el derecho a enterarse de cuál sea esta?. Afortunadamente estamos los abogados, traductores a la comprensión de nuestros clientes de textos y resoluciones judiciales, aunque no siempre lo consigamos. Ese oscurantismo es anticuado: el lenguaje sencillo y bien construido es lo moderno, lo que comunica y lo que identifica al ciudadano con su Administración y su Justicia.

Y como a los abogados nos gusta ser autocríticos, también debemos pararnos a pensar, de vez en cuando, si nos comunicamos bien con los clientes, y sobre todo con los Tribunales, a los que solo hay que convencer y no apabullar con brillantes, confusos y prolijos alegatos.

Joaquín García-Romanillos

Of Counsel Aguayo Abogados