23 de noviembre, 2015

Abogados políticos y políticos abogados

Discurso de D. Joaquín García-Romanillos Valverde

Lección Magistral de Apertura. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada

No pienso cometer la osadía de presentarles una tesis, discurso exhaustivo o concienzudo estudio sobre el fenómeno de la abogacía y la política. Sin duda excedería mi capacidad. Pero no tengo por menos precisamente aquí en Granada, que aproximarme, dando algunas pinceladas, a la vocación que sienten los abogados por la política. No les oculto que en algún momento pueden aflorar apreciaciones subjetivas fruto de vivencias personales, desde luego opinables pero, en mi defensa, llamaré su atención sobre el hecho de que nos movemos en el terreno de las ciencias inexactas, que siéndolo el derecho, mucho más, lo es la política.

¿Quiero ello decir que el abogado y el político se encuentran cómodos en dicho terreno de la inexactitud? No exactamente. Volveré a ello más adelante, pero resulta obvio que el ejercicio de la política es más parecido a la abogacía que a los cálculos matemáticos u observaciones astrofísicas.

La dedicación a la política, por parte de muchos abogados, es constante en el tiempo y universal en el espacio.

Desde Cicerón a Obama, pasando por Gandi y Lincoln. Y he citado dos presidentes americanos porque este es el país que más abogados registra con dedicación política. Cosa que no sucede en China y Rusia que dominan los ingenieros, como en África los militares. En América Latina, baste un ejemplo, desde 1853, en Argentina, 22 de sus 46 presidentes, fueron abogados.

The Economist publicó en febrero de 2013 un artículo en el que analizaba la profesión de los líderes políticos en el seno de la OCDE entre los años 1973 y 2010. Suiza y USA encabezaban los rankings respectivamente, en Europa y América con cerca del 50% de políticos abogados.

No estoy de acuerdo con el Profesor de la Universidad de Yale Avi Silberschatz cuando afirma “los abogados ociosos tienden a convertirse en políticos, por lo que mantenerlos ocupados tiene cierto valor social”.

Y mucho menos con el profesor Sala i Martin al sostener que a los abogados les interesa ser políticos, con amplia actividad legislativa, creadores del llamado “derecho inútil” o “derecho hueco” que cuanto más complejo sea, mayor será la necesidad de contratarlos.

Pero intentemos una aproximación más desapasionada. Podemos decir que uno y otro, abogado y político, defienden intereses. En el caso de aquel, está claro cuáles sean, los de su cliente.

Y así se ha venido haciendo, – como nos cuenta José María Rosales de Angulo, anterior Decano del Colegio de Granada y Académico de esta Corporación, en su discurso de ingreso “Reivindicación de los sofistas, precursores de la abogacía”-, desde la época griega y romana, pasando por los “Bozeros” del derecho municipal del siglo XI, que asumían la voz de los que litigaban

Pero, ¿Y en el caso del político? ¿Por cuales intereses aboga? ¿Por los de su partido? ¿Los de sus electores? Esto es harina de otro costal.

No voy a entrar en la teoría del mandato imperativo del voto, ni tampoco en la influencia que en ello tiene la Ley Electoral. No es lo mismo una lista cerrada y bloqueada confeccionada por el partido, que pequeños distritos electorales con listas abiertas.

Al parlamentario en lista cerrada, no le importa tanto lo que digan sus electores como lo que le instruya su partido; este es su auténtico cliente.

Esto me recuerda un comentario de un excelente abogado y diputado socialista, Félix Pons Irazazabal, que llegó a ser Presidente del Congreso de los Diputados, y con el que en la legislatura constituyente trabajé estrechamente en la Comisión de Justicia del Congreso nada más constituirse. Pues bien, Félix Pons, con un gran despacho profesional en Mallorca, me dijo en tono jocoso: “Joaquín, yo creo que con esto de la política, hemos hecho mal negocio, pues nos hemos convertido en abogados de un solo cliente, nuestro partido político, y eso no es ni bueno, ni sano”.

Parece oportuno señalar que, en esta época también hubo excelentes abogados que sin afiliarse a partido político alguno prestaron un gran servicio público en responsabilidades esencialmente técnicas. Fueron los menos y es el caso del también Decano de Granada y Catedrático de Derecho Mercantil, Luis de Angulo Rodríguez que asumió la Dirección General de Seguros.

El abogado tiene sentido de parte, conciencia de parte. En mi experiencia dan mejor resultado en la abogacía los fiscales que los jueces. El político tiene conciencia y sentimiento, no de parte, sino de partido, un cliente que como imaginaran fácilmente, es harto difícil. Antes me refería a la ciencia perfectamente inexacta que es la política. El abogado conforme va adquiriendo madurez, progresa en su escepticismo y cuando lleva muchas sentencias en su mochila su sentido de la verdad jurídica va menguando. En ese terreno de lo inexacto, lo subjetivo y el posibilismo, el político se mueve como pez en el agua. Y desde luego es mucho más fácil para el político que para el abogado, cuando adquieres una cierta práctica, tocar de oído.

Lo que cuentan los medios de comunicación debidamente seleccionados por un buen gabinete de prensa, te da hecha una intervención parlamentaria, si gozas de un buen “oído”.

Para los abogados, aunque algunos tiendan a ello, es más difícil tocar de oído por aquello de los textos legales, la doctrina y jurisprudencia.

Una pequeña aproximación histórica puede resultar ilustrativa, pues no siempre los abogados hicieron política de la misma manera y en ocasiones cuando no podían hacerlo de otra, los políticos utilizaron la abogacía con fines puramente públicos.

Otro Decano de este Ilustre Colegio y Académico, Rafael López Cantal, al prologar el excelente libro de Victoria Fernández sobre la historia del Colegio de Abogados de Granada, se refería al “compromiso social y activismo político de muchos profesionales de la abogacía que enaltecieron con su nombre la vida pública española”. Lo vamos a ver enseguida.

Y para ello, señalaría tres etapas. La primera, calificada por algunos como el siglo de oro de la abogacía española, que abarca entre 1812 y 1936, como establece en su excelente libro sobre esa etapa Rogelio Pérez Bustamante, gran experto y conocedor de la historia de la abogacía española.

La segunda coincidiría con la etapa franquista, terminando con las elecciones del 15 de junio de 1977.

Y la tercera correspondería con la llamada transición democrática española, finalizando cuando se produce la alternancia en el poder y accede al gobierno el abogado Felipe González

En las tres hubo importantes abogados que triunfaron también en la política, sobre todo en la primera y en la tercera. En la segunda, sólo en el tardo franquismo, sonaron algunos abogados haciendo política, lo que tiene una explicación clara, pues durante el franquismo puro y duro, no se podía hacer otra actividad que no fuera la oficial. Y fueron los abogados, los que utilizando, a veces, plataformas profesionales, como los Colegios o Congresos de la Abogacía, abogaron por los derechos y libertades. El resto de la política era clandestina y perseguida.

No es de extrañar que cuando el liberalismo entra en España prendiera fácilmente en los abogados. Estos se encontraron muy cómodos en ambientes liberales, en el seno de la Ilustración uno de cuyos más eximios representantes fue el gran jurista Jovellanos. Y cuando coincidiendo con la invasión Francesa, crece la necesidad de una Constitución, un grupo de abogados denominados liberales, ejecutaron dicho proyecto que cristalizaría en la Constitución de 1812.

Estos fueron Arguelles, Dony Bassols, Muñoz Torrero, Lardizabal, Canga Arguelles, García Herreros, Calatrava, Quintana, Toreno, Flórez Estrada, etc… Todos ellos muy activos en las Cortes de Cádiz.

Pero ninguno destacaría tanto, en esta época como Manuel Cortina y Aranzana, abogado desde 1821 y Decano de Madrid desde 1848, cargo para el que fue reelegido en 31 ocasiones. Nacido en Sevilla en 1802, no se privó de ciertas escaramuzas militares en su juventud: asedio a Cádiz y enfrentamiento a un general carlista.

En 1835 era Alcalde de Sevilla, y Diputado a Cortes. Se traslada a Madrid, donde es nombrado Secretario de Estado y posteriormente accede a la Presidencia del Congreso de los Diputados. En 1843, en el Gobierno de González Bravo, es acusado de conspiración, defendido por Joaquín María López y condenado al destierro. Y si alguna duda albergaba sobre qué haría al finalizar su condena, el nombramiento durante esta por el Colegio de Abogados de Madrid, como miembro de su junta de Gobierno, le produjo tal emoción, que a la vuelta solo se dedicó a la abogacía atendiendo importantes clientes que incluían a la Emperatriz Eugenia de Montijo y la Reina Isabel II.

Y no eran menos importantes los abogados con los que tenía que entendérselas: Pascual Madoz, Salustiano Olazaga, Joaquín María López o Bravo Murillo. Y no me estoy refiriendo al callejero de Madrid, sino a muy ilustres abogados políticos, cuya excelencia fue reconocida dándole el nombre de una calle que hoy se mantiene.

Y me van a permitir una pequeña licencia con interrogante: ¿Es que se ha perdido la costumbre de bautizar nuestras calles o plazas con nombres de ilustres políticos, o es que ya no son tan ilustres los que hay ahora?

Manuel Seijás destacó en los gobiernos de la Unión Liberal. Se había recibido como abogado en la Real Chancillería de Granada. José María de Salamanca, Marqués de Salamanca, también abogado después de estudiar en Granada, tuvo una activa participación en el pronunciamiento de Torrijos. Todos ellos, junto a Cirilo Álvarez, y Claudio Moyano coetáneos participantes en los Gobiernos de la Unión Liberal.

Y qué decir, en la época de Amadeo I, de Eugenio Montero Ríos, defensor con tanto vigor de sus clientes, como de las libertades políticas, de conciencia y de culto

Al constituirse la I República, tras la abdicación de Amadeo I, a su frente aparece un brillante abogado de Tarragona, Estanislao Figueras y Moragos, que presionado por el ejército dimite, siendo sustituido por Pi y Margall, que, ante el caos incipiente, cede la responsabilidad a Nicolás Salmerón, venido de Granada, que se vio obligado a dimitir ante su negativa a firmar dos sentencias de muerte, a lo que, sin duda no fue ajena su sensibilidad letrada.

No podían faltar los abogados, políticos y grandes oradores Castelar y Sagasta, que produjeron admiración a letrados y no letrados de su época.

Antonio Cánovas del Castillo fue el gran abogado de la Restauración Monárquica, que posibilitó el reinado de Alfonso XII.

Sin olvidar a Joaquín Costa, José Posada, y Álvarez Bugallal, etc…

Durante la regencia de María Cristina, el más significado fue Manuel Alonso Martínez, Ministro de Fomento y de Gracia y Justicia

Antonio Maura i Montaner, fue también Ministro de Justicia, al igual que Raimundo Fernández Villaverde.

José Canalejas, abogado desde 1876, finaliza su importante carrera política como Presidente de Gobierno, en 1911, siendo asesinado poco después. Otro tanto paso con Eduardo Dato, abogado en Madrid desde 1877 que en 1913 llega a Presidente del Gobierno

Contemporáneos son Segismundo Moret, García Prieto y Galo Ponte, entre otros, sin olvidar a Jiménez de Asúa que presidió la Comisión parlamentaria que preparó la Constitución de 1931.

Niceto Alcalá- Zamora participó en varios gobiernos entre 1931 y 1936 que a veces compartió con Fernando de los Ríos, Ministro de Justicia, de Instrucción Pública y de Estado.

Angel Ossorio y Gallardo que pasó de oficial de Colegio de Abogado de Madrid a ser su Decano.

Terminando con la excepcional figura de D. Melquiades Álvarez.

Y otra licencia me voy a tomar, cual es la de citar al abogado José María Escalera, que no se dedicó a la vida pública, pero si intervino en el gran proceso político que condenó a Mariana Pineda, a la que acompañó, como buen abogado, hasta su ejecución.

Obviamente, como el gobierno estaba en Madrid los mencionados abogados fueron eminentes políticos en la capital de España, con independencia de su origen, nacimiento y raíces, que eran muy diversas de toda España.

Manuel Seijás Lozano, nació en Almuñécar, fue Decano de este Colegio de Abogados de Granada y cuatro veces ministro de Gobernación, Fomento, Hacienda y Justicia. Melchor Almagro, fue Decano, Diputado y Gobernador. José de Castro y Orozco, Marqués de Génova fue Diputado Provincial, Fiscal de esta Audiencia, Rector de su Universidad, Senador y Ministro de Gracia y Justicia. Su hermano Francisco de Paula, también Ministro de Justicia, Diputado y presidente de la Cámara. Cristino Martos, abogado granadino, fue Presidente del Congreso y Ministro de Justicia en la Primera República. En 1892 figuraban como parlamentarios granadinos los abogados Rodríguez Bolívar, Melchor Almagro y Sánchez Román. Y no desearía olvidar a Niceto Alcalá-Zamora, Presidente de la República, que natural de Priego de Córdoba estudió derecho en Granda y se incorporó a su Colegio de Abogados.

Un dato para finalizar esta etapa gloriosa de la abogacía Española.

La junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid, cuando la presidía como Decano Manuel Cortina, contaba en su junta de Gobierno, entre otros, con Juan Bravo Murillo, Juan Francisco Pacheco, Joaquín María López y Salustiano Olozaga, tres de los cuales serían Ministros de Justicia. A su vez, entre 1856 y 1858, fueron Ministros de Justicia tres excelentes abogados, Cirilo Álvarez Martínez, Manuel Seijas, y José María Fernández de la Hoz.

Y no podía faltar la anécdota final que afecto a un notable abogado político malagueño, Eduardo Palanca Asensi. Recién elegido Emilio Castelar como Presidente de la República, las Cortes suspenden sus sesiones y le autorizan tomar medidas excepcionales de guerra para combatir el cantonalismo, consiguiendo la rendición de Cartagena el 12 de enero de 1874. Días antes había dimitido Castelar. Al reanudarse las sesiones, teniendo como candidato a Presidente de la República al malagueño Palanca, el general Pavía entró en el Congreso y frustró su designación. Obviamente Palanca dejó la política, se dedicó a la abogacía y en 1879 sería elegido Decano del Colegio de Abogados de Málaga.

Ya manifesté antes que los abogados se encuentran cómodos en el campo de las libertades. Lógicamente no existían durante la guerra civil, donde el protagonismo correspondía a la justicia militar y la abogacía se ejercía de aquella manera. No se progresó mucho en la post guerra, en que los juicios sumarios y consejos de guerra dominaban la administración de justicia. Ni aparecen abogados señeros en el ejercicio de su oficio, ni tampoco abogados que, tras hacerlo en su profesión, triunfaron en la política. Franco prefería lo jurídico acompañado de lo militar, y son jurídicos/militares los que aparece tímidamente en algunos gobiernos junto con escasos miembros de la carrera judicial y fiscal.

La primera junta de Gobierno del Colegio de Madrid, tras la entrada de Franco en la capital de España ni siquiera fue nombrado por el entonces Ministro de Justicia, el Conde de Rodezno, sino directamente por la Falange.

Sin embargo a mediados de la década de los sesenta, determinados abogados inician algunas aventuras políticas en la única forma y lugar que podían: Colegios de Abogados y Congresos de la Abogacía.

El Decano José Luis del Valle, que lo era desde 1964, en el año 1969 es obligado por un grupo de abogados entre los que se encuentran Ruiz Giménez, Satrustegui Cortezo, y Castellano a convocar una junta General para debatir el tema de las jurisdicciones especiales.

Hasta 1953, los Decanos y Secretarios eran nombrados por el Ministerio de Justicia y el resto de la Junta de Gobierno, se hacía a propuesta de los colegiados.

En esa fecha se elige a Manuel Escobedo, Decano directamente por los colegiados. Esos aires democráticos fueron calando en la profesión y no solo aparecieron en aquella junta del Colegio de Madrid, provocada en 1969, sino que en el IV Congreso Nacional de la Abogacía celebrado en León, en junio de 1970, se hace una clara defensa de los derechos y libertades que se lleva a las conclusiones. El Gobierno no lo ve con simpatía, pero no se atreve a actuar contra las corporaciones profesionales que asumen dichas conclusiones.

Lo más que hace es apoyar indirectamente a José Luis del Valle, frente a Joaquín Ruiz Giménez, a través de abogados como Serrano Suñer, Bau, Fernández Cuesta, Elola, Rodríguez Valcárcel, etc…

En la década del 70, con el franquismo en declive, hay una serie de conocidos abogados, de todas las tendencias que empiezan a emitir, públicamente, opiniones políticas al margen de las vías institucionales: Enrique Tierno, Pablo Castellanos, Joaquín Ruiz Giménez, Manuel Villar, José Mª Gil Robles, José Mario Armero, García Trevijano, sin mayores consecuencias, salvo el caso de Jaime Miralles que fue encarcelado por protestar públicamente la muerte de un trabajador granadino en una manifestación.

Las elecciones al Colegio de Abogados de Madrid de 19 diciembre de 1975, marcan la entrada de Antonio Pedrol en la política colegial.

Se enfrentan dos candidaturas, una de marcado cariz político, que no lo ocultaba: Ruiz Giménez afirmó que “su candidatura era política si por política se entiende la defensa de la libertades y los derechos humanos”. La integraban democristianos como Gil-Robles, Álvarez de Miranda, monárquicos como Pinies, socialistas como José Federico de Carvajal o Leopoldo Torres (una vez que se retiraron Castellano y Tierno Galván). La otra candidatura la encabeza Antonio Pedrol que insistía en la necesidad de “una junta de Gobierno con fidelidad exclusiva a la abogacía… Defendiendo el estado de derecho y los derechos humanos”. Votó casi el 50% del censo electoral (un 49,5%), ganando Pedrol con un 62,8% de los votos frente a un 37,1% que obtuvo Ruiz Giménez.

De la misma manera que hubiera sido impensable la victoria de Pedrol, si no se hubiera referido a la defensa del Estado de Derecho y de los derechos humanos, fue el basarse en la profesionalidad lo que le dio la victoria.

Pedrol tomó buena nota de que la candidatura política obtuvo un 37,1% de los votos.

Por ello antes de tomar posesión asumió las conclusiones del Congreso de León, siempre defendidas por Ruiz Giménez y fue tajante al afirmar que “la contienda entre abogados ha terminado” porque “en mi Colegio hay diversas tendencias políticas” como sucedió a lo largo de su mandato. A los pocos meses de tomar posesión, junto con Ruiz Giménez, ofrecieron conjuntamente un almuerzo a la prensa cediendo el protagonismo a este último.

La sagacidad del Decano Pedrol fue tal, que merece la pena recordar su respuesta cuando a la muerte del General Franco se le pregunta por su opinión sobre el mismo y tras afirmar que era la primera vez que ante la prensa se refería al fallecido Jefe del Estado, manifestó que el comportamiento que había tenido en Hendaya en su conversación con Hitler merecía el “respeto prestado por España en aquellas horas dramáticas”

A mediados de enero de 1977, la situación política en España era tensa. El GRAPO mantenía secuestrados al Teniente General Villaescusa y al Presidente del Consejo de Estado Antonio Mª de Oriol. Madrid vivía una huelga de transporte, fundamentalmente apoyada por Comisiones Obreras, y antes o después tendrían que celebrarse unas elecciones democráticas (que terminarían siendo el 15 de junio)

En la noche del 24 de enero, un comando de cinco personas irrumpió en un despacho de abogados laboralistas, vinculado a Comisiones Obreras, y, a sangre fría, asesinó a cinco personas: Francisco Javier Sahuquillo , Miguel Ángel Sarabía, Enrique Valdevira, Luis Javier Benavides y Serafín Holgado. Otras cuatro resultaron heridas.

Pocos días antes, Pedrol había pronunciado una conferencia desarrollada sobre tres líneas maestras: respetar al contrario, defender las reglas del juego democráticas y claridad frente a la confusión. Las circunstancias le iban a obligar a desarrollarlas.

Tres partes se vieron implicadas en las consecuencias del siniestro atentado: Gobierno de la nación, Colegio de Abogados de Madrid, y Partido Comunista de España. Los tres eran conscientes que estaba en juego el proceso democrático en curso y que de la salida que se diera a la tensión acumulada en dichos momentos dependía el próximo futuro de nuestra situación política.

En este clima se inicia una tensa negociación para organizar las honras fúnebres de los asesinados. El Decano Pedrol, se dirige al Ministro de la Gobernación Rodolfo Martín Villa: “Comprenderá usted que así como la Guardia Civil y la Policía Armada vela a sus muertos, los abogados queremos velar a los nuestros” EL Partido Comunista, que hay que recordar que no está legalizado, se reúne en el despacho de Ruiz Giménez. Acepta que la capilla ardiente se instale en el Colegio de Abogados pero con libre acceso a la misma y asegura que no habrá incidentes si su partido se responsabiliza del servicio de orden. Tras un principio de aceptación del Gobierno, Jaime Ballesteros, que sería diputado por Granada, con el apoyo de otro abogado, José Mario Armero, que gozaba de la confianza del PCE y del Gobierno por haber sido el mediador con Santiago Carrillo, negocian el posterior desarrollo de las acontecimientos.

Se acuerda que el día 26 se trasladen los restos de los abogados asesinados a una capilla ardiente instalada en el Colegio de Abogados de Madrid quedando suspendidas todas las actividades judiciales y ondeando a media asta la bandera.

La capilla ardiente permaneció abierta entre las 13 y las 16 horas y pasaron diez mil personas. Ante una asamblea a la que asistieron mil quinientos abogados, Pedrol describe el atentado como un “ataque miserable contra la libertad de defensa y contra la paz de este país “añadiendo que “un compañero nuestro cumplirá con la defensa de los asesinos, ya que es nuestro deber defender a nuestros amigos e incluso a nuestros enemigos”. Toda una lección del derecho de defensa

El cortejo fúnebre, en presencia de 15.000 personas, transcurrió desde el Palacio de Justicia hasta Cibeles pasando por Colón. No aparecieron signos ni distintivos políticos de ninguna clase. Si participaron personalidades y políticos de todas las ideologías, incluido Santiago Carrillo que aparecía en público después de su detención. No hubo un solo incidente y la calma fue absoluta.

Todo un éxito político con mayúscula, de la abogacía, que dio una muestra de civismo y contribuyó a la reconciliación de la sociedad española.

El Decano Pedrol demostró ser un excelente político no partidista, sino institucional, de estado, por calificarlo de alguna forma. El Rey, consciente de ello, lo nombró senador real en las cortes Constituyentes, sin duda para contar con su experiencia y buen hacer en esa etapa constituyente. Hay que destacar que el Monarca tuvo muy presente la abogacía al designar a los senadores reales y de los 41 nombrados, 15 eran abogados de prestigio, entre ellos Luis de Angulo Montes, Decano que fue de este Colegio y Académico de esta Real Academia, Antonio Hernández-Gil, que presidiría las Cortes Constituyentes, Landelino Lavilla, que lo harían el Congreso de los Diputados, Justino de Azcarate, etc…

Pedrol siempre había afirmado que nunca aceptaría un cargo político, por ello tan pronto fue nombrado, declaró que aunque tal nombramiento era a título personal, él lo consideraba como una prolongación de sus obligaciones al frente de la abogacía. Asi lo hizo y puedo dar fe.

De las elecciones del 15 de junio de 1977, resulta que el 54% de los parlamentarios constituyentes eran titulados superiores y entre ellos, muchos y brillantes abogados. Algunos, desde un primer momento, pasaron a integrar la ponencia constitucional: José Pedro Pérez-Llorca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñon, Gregorio Peces-Barba y Miguel Roca junto a los juristas Manuel Fraga Iribarne, Gabriel Cisneros, y Jordi Solé Tura.

En la actualidad dicho porcentaje ha descendido una tercera parte, en tanto que han aumentado los funcionarios y profesores universitarios y no pretendo establecer una relación directa entre la brillantez de la política de entonces y la de ahora, ni volver a recordar el callejero de Madrid.

Los abogados cumplieron un excelente y digno papel en las Cortes Constituyentes, presididas por un abogado, al igual que el Congreso de los Diputados, por otro Fernando Álvarez de Miranda. Y además de los mencionados ponentes constitucionales, ambas cámaras albergaron dignos representantes de la abogacía. Y para que no quede ningún grupo parlamentario sin citar, pues todos incluían abogados, sobre los ya designados recordar a Josep Andreu y Abello, Enrique Tierno Galván, Manuel Villar Arregui, Juan María Bandrés, Josep Solé Barberá, etc.… Muchos se quedan en el tintero y pido excusas, dejando para el final a Antonio Jiménez-Blanco, parlamentario granadino, que más tarde presidiría el Consejo de Estado.

La verdad es que todos estábamos muy cómodos en la configuración del Estado de Derecho, tanto haciendo una Constitución, como permitiendo a la mujeres casadas disponer de su patrimonio sin consentimiento del marido, en definitiva introduciendo modificaciones legislativas en supuestos que nos habían chirriado en el ejercicio de nuestra profesión.

A Pedrol lo que le preocupaba, o mejor de lo que se ocupaba, no era de la política, sino de la abogacía. Acostumbraba a reunirnos a los diputados y senadores que éramos abogados en Lhardy. Solíamos ir unos veinte de todos los partidos a recibir consignas, en el buen sentido de la palabra y en la medida que un abogado es receptor de consignas que es nula. Pero por llamarlo de alguna forma gustaba de pedir nuestro apoyo, con independencia del partido al que perteneciéramos, para todo aquello que redundara en beneficio de la abogacía. Desde un primer momento tuvo la fijación de que los abogados fueran mencionados en las Constitución y además que ello se hiciera en el Congreso de los Diputados, pues era consciente que así sería más irreversible que si se hacía en el Senado.

Y desde luego se consiguió. Los artículos 122, 3 (“entre abogados y otros juristas”) y 159 2 (“Funcionarios públicos y abogados”), al referirse, respectivamente, a la composición del Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Constitucional, constitucionalizaron nuestra profesión.

Casi todas las intervenciones de Pedrol en el Senado, tenían relación con la abogacía y el Poder Judicial, destacando sus aportaciones en relación con el jurado, la abolición de la pena de muerte y los colegios profesionales. Sin olvidar su defensa del derecho del detenido a no declarar.

A mi juicio, la transición política termina en España en el año 1982 cuando se produce, tras unas elecciones democráticas, el cambio de gobierno y la alternancia en el poder. Como ya he apuntado anteriormente, a partir de ese momento se produce un cambio en la composición y estructura sociológica del Congreso y el Senado, disminuye sensiblemente tanto la participación de los abogados en el parlamento como en la política general, siendo el Presidente Felipe González, la excepción que confirma la regla. Es difícil encontrar abogados prestigiosos que se dediquen a la política, en tanto que antiguos políticos (Pérez-Llorca, Roca, Garrigues, ect) tiene prestigiosos despachos profesionales.

¿Podríamos encajar estos últimos dentro de los políticos abogados? Pues no. Estos fueron abogados antes que políticos y como muchos otros volvieron a su profesión.

Está claro el abogado político, que pasa de defender intereses privados, a los públicos, con mayúscula, eso sí, siempre defendiendo y, curiosamente, quien brillaba en la abogacía, lo hacía también en la “cosa pública”. Antes me refería al descenso de abogados, conocidos y no conocidos, con dedicación a la política. ¿Tiene ello algo que ver con el deterioro de la actividad política? No pretendo establecer una relación de causa a efecto entre una cosa y otra y menos endosar, exclusivamente, a los abogados la brillantez de algunas etapas políticas, pero lo que si es cierto es que ha bajado la dedicación a la “republica”, de titulados superiores y profesionales y ha aumentado la de funcionarios, incluidos los universitarios. Y lo que también es cierto, que la política, actualmente, no es lo que ha sido ni lo que fue.

Y termino manifestando que soy consciente de mis pocas referencias alusiones y menciones de políticos abogados pues han sido los abogados políticos quienes han llenado el cartel.

Y eso tiene una explicación: nadie pasa, con brillantez, de la política a la abogacía, la política no te sirve para ser un buen abogado, si a la inversa. Los que vienen de la política, podrán llegar a ser excelentes servidores públicos, pero no recuerdo ninguno que haya sido brillante abogados. Y al contrario, basta echar una ojeada a los personajes mencionados en mi intervención.

Quiero agradecer, finalmente, a la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada el honor que supone dirigirme a los excelentísimos señores académicos y a su Presidente, hijo de mi maestro, compañero en mis inicios profesionales, mi Presidente en la Mutualidad General de la Abogacía Española, y amigo de toda la vida, por facilitarme la ocasión de hacerlo.

Joaquin García-Romanillos Valverde. Académico Honorario

Curso Académico 2015/16

Lección Magistral de Apertura

Granada, 10 de noviembre de 2015

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